Santander, 26 de agosto.- María Teresa de la Vega Sanz, presidenta del Consejo de Estado, ha manifestado hoy en los Cursos de Verano organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) que “el coronavirus se ha aprovechado de las desigualdades y ha impactado más en las personas más vulnerables”.
“En España lo hemos visto con los temporeros, con una incidencia mayor, así como en barrios desfavorecidos donde la población vive más acinada. Resulta más necesario que nunca ahondar en la dimensión social del Estado de Derecho para impulsar la igualdad y aliviar las vulnerabilidades.”, ha expresado.
Estas declaraciones han tenido lugar en el curso ‘XIII Encuentro interautonómico sobre protección jurídica del paciente: retos bioéticos y jurídicos de la COVID-19’ que ha comenzado hoy en el Palacio de La Magdalena. Los ponentes de este seminario reflexionarán los próximos días sobre si debe rediseñarse el Sistema Nacional de Salud ante un escenario pos-COVID-19 o qué alcance deben tener las medidas de transición a la nueva normalidad, además de formular propuestas de futuro.
La presidenta del Consejo de Estado ha explicado que con la llegada de la pandemia el organismo experimentó una profunda transformación digital.
“Podríamos estar dando paso un paso firme hacia la constitución de una especie de Estado de Derecho virtual, telemático. Estoy orgullosa de este salto adelante que hemos dado en un tiempo récord. En esto hemos sido ejemplares”, ha dicho la presidenta en la conferencia inaugural del curso, en el que ha intervenido por videoconferencia.
Sin embargo, ha recordado que “tambien hay que proteger a los analfabetos informáticos, a los que no han manejado nunca un ordenador o no saben lo que es una firma electrónica. La brecha digital es un desafío muy importante. Hay colectivos especialmente vulnerables”.
A un lado, respecto a las previsiones de futuro, de la Vega considera que “el coronavirus ha golpeado cuando todavía no nos habíamos recuperado de los estragos que produjo la crisis financiera”.
“De acuerdo con las previsiones del Banco Mundial, el ingreso global per cápita puede llegar a caer un 4 % y el coronavirus puede empujar a la pobreza extrema a entre 40 y 60 millones de personas. La Organización Internacional del Trabajo ha previsto que la mitad de los trabajadores en el mundo pueden perder sus puestos de trabajo. No sé si pueden imaginar lo que esto supone”, ha advertido.
“Las personas con empleos informales, las personas con discapacidad, las mujeres los refugiados, los desplazados, serán los que sufrirán con más violencia el embate del coronavirus. La organización Oxfam ha publicado un informe en el que alertaba que 52 millones de personas caerán en la miseria en América Latina como consecuencia de la pandemia, por lo que la lucha contra la pobreza dará un paso atrás de 15 años”.
Por otra parte, la presidenta del Consejo de Estado ha mencionado que “hay otros aspectos en el que las cosas se han hecho mejor hablando del COVID-19 y el Estado de Derecho. En España, la actuación de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sido ejemplares. El resultado es que la ministra de Defensa y las Fuerzas Armadas reciben en estos momentos una excelente valoración de los ciudadanos”.
Asimismo, en relación a las dudas que han surgido sobre las futuras restricciones parciales, la presidenta manifiesta que “nuestro ordenamiento jurídico ofrece muchas posibilidades para poder establecer medias de confinamiento parciales que eviten que tenga que llegar a decretarse un estado de alarma. Hay mecanismos que el Gobierno ha adoptado para abordar esta situación”.
