La Coruña.- El director de la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Galicia, Domingo Bello Janeiro, ha inaugurado el encuentro La protección jurídico civil de las personas con discapacidad intelectual que se ha celebrado en la sede de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Galicia.
La tutela de las personas discapacitadas por padecer algún tipo de demencia o la enfermedad de Alzheimer ha sido uno de los asuntos abordados durante su intervención en la que ha explicado que "la Ley de Protección Patrimonial de las personas con discapacidad establece en el Código Civil la figura de la autotutela. Esto es, que un adulto, en plenas facultades mentales y en previsión de una futura incapacitación, pueda designar a un tutor. El acto es revocable y sirve tanto para designar como para excluir tutores para futuras incapacidades".
Igualmente, ha destacado las medidas sucesorias reguladas en nuestro marco jurídico para las personas discapacitadas por demencia o Alzheimer y ha apuntado que "existe el llamado 'contrato de alimentos', a través del cual una persona cede su vivienda o un espacio de ella a cambio de que otra le facilite cuidados y alimentos".
La protección jurídica de estos enfermos es uno de los asuntos que se han debatido en el marco de este encuentro en el que Bello Janeiro ha puesto de relieve que "algunos estudios han descubierto tasas de maltrato por parte de los cuidadores que se sitúan entre el 12 y el 52 por ciento de los casos". Este maltrato a personas con demencias o Alzheimer se manifiesta en varias formas de abuso: verbal, físico y económico, siendo el verbal el más frecuente, seguido del físico. Se dan, además, casos de negligencia, es decir, de omisión de los cuidados esenciales, incluidos la higiene, la alimentación y la medicación necesaria.
Durante su intervención se ha referido también a otros asuntos como "el estrés de los cuidadores de las personas mayores con demencia, el desarraigo familiar en personas mayores o el desarrollo de programas de envejecimiento activo".
Sobre la normativa gallega ha lamentado la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno central anterior contra determinados artículos –sobre adopción y autotutela- de la Ley de Derecho Civil de Galicia, aprobada por el Parlamento Gallego por unanimidad durante la etapa del bipartito, que implica que la regulación gallega de la autotutela no resulta en estos momentos de aplicación.
