Santander.– Más de un millón de visitantes; 5.490 solicitudes de información; 1.656 iniciativas ciudadanas; 926 reclamaciones; 456 informaciones al ciudadano; 183 consultas sobre la aplicación de la Ley de Transparencia y 55 denuncias por su incumplimiento. A grandes rasgos estos son los datos que pueden extraerse del primer año y medio de vida de la transparencia en España. Datos que ha puesto sobre la mesa la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, que ha participado en el encuentro Reforma administrativa y transparencia en las administraciones públicas organizado la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Instituto Nacional de Administración Pública.
Arizmendi ha asegurado que "la presencia de la transparencia en España es total en cantidad de información y datos, pero hay que mejorar en calidad y ese es nuestro próximo objetivo". Así, ha explicado qué queda por hacer, pues "quienes preguntan solo representan un 0,16% de los que se asoman a los datos". Esto también indica que el mismo solicitante repite preguntas: "Se está profesionalizando el solicitante de información por dificultades existentes. El acceso se ha limitado a expertos o a profesionales de la información", ha comentado.
Por eso, ha reclamado que el acceso a la información sea más sencillo, porque "si ponemos llaves y barreras estamos limitando la esencia de la ley, ya que muchas personas nunca van a solicitar información". "Los datos tienen que ser más accesibles con un lenguaje que huya de los términos administrativos, que sea sencillo y más comprensible por la mayoría de los ciudadanos".
El problema de la calidad de la información es, a juicio de Arizmendi, "más agudo" en los ayuntamientos. "En España hay más de 8.100 municipios y los más pequeños no tienen medios para poner la transparencia a disposición de sus ciudadanos", ha explicado. Por ello, ha pedido ayuda al resto de administraciones para que puedan hacerlo. "Esperemos que las cosas que son mejorables, como la calidad de información y el acceso, que es bastante complicado, se vayan mejorando y se mejore, sobre todo, la participación de los ciudadanos", ha asegurado.
No obstante, Arizmendi ha comentado que la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, que entrará en vigor después del verano, endurecerá los sistemas de acceso pues esta norma obligará al uso de firma electrónica para cualquier petición de información. Esto es "un obstáculo para los ciudadanos, pues si entran a sus datos lo tienen que hacer con toda facilidad, sin cerrojos", ha asegurado.
Datos del Consejo de Transparencia
Desde que comenzó su actividad en enero de 2015 hasta el pasado mes de junio el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo independiente adscrito al Ministerio de Hacienda, encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia, ha recibido más de 1.600 iniciativas ciudadanas, de las cuales el 56% (unas 926) son reclamaciones, y de ellas 804 son para la Administración General del Estado y 122 a administraciones territoriales. Estas últimas responden a un convenio –firmado por Castilla La Mancha, Asturias, La Rioja, Extremadura, Cantabria y Ceuta y Melilla- para que el Consejo atienda sus reclamaciones autonómicas y locales.
A lo largo del primer año y medio, resoluciones del Consejo de Transparencia, favorables a reclamaciones de los ciudadanos, han permitido conocer asuntos importantes como los gastos de las embajadas en el exterior, la declaración de intereses de los miembros del plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C, el informe sobre restricción a uso hospitalario de la vacuna de la varicela, reuniones con empresas del sector tabaquero, fondos recibidos por la Iglesia Católica, abogados del Estado en excedencia o criterios para la adjudicación del almacén de residuos nucleares en Villar de Cañas.
De las 122 reclamaciones recibidas hasta junio se han admitido a trámite 66, que son las procedentes de CCAA que han firmado convenio con el Consejo de Transparencia, correspondiendo el mayor número a los ciudadanos de Cantabria (19), Castilla-La Mancha (19) y Asturias (9). Los ciudadanos del resto de CCAA han reclamado menos: Extremadura (10), Ceuta (5), La Rioja (3) y Melilla (1). Entre las resoluciones correspondientes a las administraciones territoriales, destacan las que dan la razón a las presentadas por ciudadanos y relativas a datos sobre empleo público en diputaciones, personal externo de consejerías autonómicas, reclamación de expedientes de obras y actas o proceso seguido para la elección de miembros de colegios profesionales.
Por otro lado, hasta hoy, se han interpuesto 19 recursos contencioso-administrativos, que representan el 2% de todas las reclamaciones registradas, frente a resoluciones del Consejo de Transparencia, la mayoría presentados por organismos públicos.
Fotografía: Esteban Cobo
