Santander.- La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ha inaugurado el encuentro Implicaciones del funcionamiento de la Justicia en la Economía que se celebra estos días en el Palacio de la Magdalena. En el acto han intervenido el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el rector de la UIMP, César Nombela, el decano del Colegio de Economistas de Cantabria, Fernando García Andrés, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual.
El ministro de Justicia ha destacado que para mejorar en el futuro “el fortalecimiento de la relación entre la justicia y la economía es uno de los ejes de trabajo del Ministerio, porque una de las carencias que tiene este sector es la falta de métrica y de capacidad de análisis de los datos para evaluar el trabajo que hacemos”. Asimismo, Catalá ha señalado que la línea de reflexión es la del “enfoque económico de la justicia y el impacto de la justicia en la economía. La influencia de estas ciencias sociales es muy relevante en este doble análisis. Pues cuando no existe seguridad jurídica, las decisiones de los inversores se vienen abajo, y estos buscan otros espacios donde quizá la rentabilidad es menor pero la seguridad es mayor”.
Además, Catalá ha afirmado que en los presupuestos de 2017 “el Ministerio de Justicia es el que recibe mayor asignación en las políticas públicas, con un techo de gasto de 1.700 millones de euros. Se trata de una apuesta del Gobierno por priorizar la Justicia, con más de 100 millones de euros adicionales que permitirán hacer muchas cosas, como por ejemplo la convocatoria de cien nuevas plazas de jueces y fiscales”.
En cuanto a las herramientas de gestión procesal, Catalá ha considerado que “aún queda mucho camino por recorrer porque existen ocho sistemas distintos: el del Estado y otros siete de comunidades autónomas que legítimamente han desarrollado sistemas de gestión procesal propios. Esto ha generado un sistema fragmentado e incompatible entre sí”. El ministro ha insistido, por tanto, en la necesidad de “evolucionar hacia nuevos modelos organizativos” y confía en que “este mes se pueda celebrar una Conferencia Sectorial de Justicia con la finalidad de promover un sistema de gestión procesal común”.
En el caso de Cantabria, “se trabaja para la creación de nuevos juzgados. Es cierto que no está cerrado el número global, ni cuántos de ellos serán asignados a Cantabria, pero sí sabemos cuáles son las necesidades tanto de un juzgado de primera instancia y de lo mercantil en Santander, como un nuevo juzgado en Torrelavega”.
La promoción de otros mecanismos de resolución de conflictos es otro de los ejes de trabajo del Ministerio de Justicia. Catalá ha resaltado que “otras sociedades nos han dado ejemplos de cómo con la mediación y el arbitraje se pueden alcanzar acuerdos más eficientes para determinados asuntos”. Para finalizar, el ministro ha recordado que en materia de cláusulas abusivas se está trabajando para que “la reforma del sistema de garantías hipotecarias fortalezca la confianza y la transparencia que debe existir en la relación entre las entidades financieras y los consumidores y usuarios, para seguir consolidando instituciones tan importantes como el crédito hipotecario en España”.
Por su parte, César Nombela ha agradecido la presencia del ministro y ha valorado la enorme proyección del encuentro para el conjunto de las ciencias sociales y de la sociedad, por tratarse de un programa “muy oportuno para reflexionar sobre la relación entre la economía y la justicia”, ya que “la prosperidad de un país va de la mano del buen funcionamiento de la justicia y del ordenamiento de su economía”.
Fotografía: Crédito UIMP 2017/ Juan Manuel Serrano
