Sevilla.- Profesionales de la Administración Pública han puesto el broche final al curso El nuevo marco legal de la contratación pública, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Sevilla, en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), con el debate en torno a las nuevas obligaciones en materia de transparencia que plantea la Ley 9/2017.
En una mesa redonda integrada por la secretaria del Gobierno Local de Vigo, Mª Concepción Campos Acuña, la vocal asesora de la consejera técnica de la Secretaría de Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, Vanesa Aventín y el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos I, Manuel Villoria Mendieta, se han expuesto distintas fórmulas para acabar con el fraude y la corrupción en la tramitación de los contratos del sector público.
Campos Acuña ha alertado de la dificultad que plantea el nuevo modelo de gobernanza para los más de 8.000 ayuntamientos existentes en España por la falta de independencia de los miembros de los órganos de control y por la falta de poder coercitivo. “Si los órganos de control no tienen capacidad de dictar medidas, la nueva ley solo servirá para incrementar la burocracia”, ha señalado. De entre todas las nuevas medidas, ha destacado el Artículo 64, ya que es en el que se concentran “las medidas de lucha contra el fraude, el favoritismo y la corrupción”. Y ha concluido con la fórmula que alienta la corrupción: “el monopolio y la arbitrariedad”, a la que resta como gran medida “la transparencia”.
Para Aventín, lo más destacado del nuevo articulado es el referido a la confidencialidad, regulado en pro de la transparencia, así como un refuerzo de la estructura de gobierno y un apoyo a la competencia: “Todos estos factores son la base para una mayor integridad en la gestión pública de la Contratación”, ha apuntado.
Por último, Villoria, uno de los fundadores de Transparency International España, ha advertido de que “España no tiene un plan estratégico contra la corrupción”, y por su parte, el director general de Racionalización y Centralización de la Contratación, Pablo Arellano Pardo, ha cerrado la jornada hablando de la racionalización técnica de la contratación, con los acuerdos marco, los sistemas dinámicos de adquisición y centrales de contratación.
Las jornadas han estado organizadas por el director de la Escuela de Hacienda Pública, Ignacio Corral Guadaño, y la delegada de Formación del Instituto de Estudios Fiscales, Cristina Ibáñez de Aldecoa Quintana. A lo largo de los tres últimos días han debatido sobre la nueva ley comunitaria el subsecretario del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Felipe Martínez Rico, el director general del Patrimonio del Estado, Juan Antonio Martínez Menéndez, el secretario de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, Miguel Pardo González, el socio responsable de Infraestructuras, Transportes, Gobierno y Sanidad de KPMG, Cándido Pérez Serrano, la subdirectora general de Coordinación de la Contratación Electrónica, Mª Ángeles González Rufo, el director de la Oficina Nacional de Auditoría, Jorge Castejón González, el secretario general de la Diputación de Sevilla, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero, la abogada del Estado en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, Sara Izquierdo.
Por su parte, el subsecretario Martínez Rico ha destacado durante su ponencia que “la mayor relevancia de esta normativa es que incorpora una propia directiva de concesiones y que se va a aplicar en todas las administraciones públicas, lo que hace más fácil su adaptación”. Además, ha apuntado que “la coyuntura actual, con una economía saneada y una notable capacidad de crecimiento económico, hace que la proyección de esta ley sea mayor”.
