Santander.- El consejero técnico de la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, Francisco Jarabo, ha ofrecido la ponencia Evaluación Ambiental y Energías Renovables, donde ha expuesto el procedimiento de estudio del impacto ambiental (EsIA) de los parques eólicos. Todo ello, en el marco del seminario Evaluación ambiental y desarrollo sostenible de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
La segunda jornada del curso, en la que ha intervenido Jarabo, también ha contado con la participación de la consejera técnica de la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, Amara González Martínez. Sendas sesiones han estado especializadas en materia de energías renovables: parques eólicos y plantas fotovoltaicas. En relación a los aerogeneradores, Jarabo ha abordado el tema desde una perspectiva diferente "más allá de las ventajas y bondades de este tipo de energía renovable" y ha hecho hincapié en sus aspectos negativos porque "son corregibles y compensables".
La historia del sector eólico en España, con 1090 parques eólicos instalados y en funcionamiento, ya es de “largo recorrido”, ha explicado el consejero técnico sobre un tipo de energía no contaminante "que contribuye a frenar el cambio climático y el agotamiento de los combustibles fósiles". Además, ha ofrecido datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) para reforzar la capacidad de esta tecnología para evitar emisiones de CO2 en España, que la AEE estima en 28 millones de toneladas en 2017, donde la energía eólica cubrió el 18% de la demanda eléctrica, el equivalente a 12 000 000 de hogares.
Sin embargo, Jarabo ha subrayado “los impactos ambientales” del proyecto eólico para lo cual hay que partir de los componentes del mismo: una serie de aerogeneradores, líneas eléctricas de interconexión con una subestación eléctrica que pertenece al propio parque, una línea de evacuación que traslada la energía a un punto de conexión con la red de transporte de Red Eléctrica de España (REE), e instalaciones auxiliares como la red fibra óptica.
Vistos los componentes, el consejero ha indicado que la siguiente fase es "acomodarlos al terreno e instalarlos en un emplazamiento que requiere una serie de actuaciones sobre el territorio: la obra civil". Este paso está "muy condicionado por las dimensiones de los componentes" lo que supone el acondicionamiento de unas vías de acceso para trasladar los aerogeneradores a los distintos puntos de emplazamiento, acondicionar el lugar de emplazamiento excavando para alojar la cimentación de los aerogeneradores o hacer zanjas para las líneas subterráneas de interconexión de los aerogeneradores.
Estas últimas se procura “vayan paralelas a los viales o bajo los mismos persiguiendo una baja incidencia en el entorno, reduciendo en lo posible la longitud y los movimientos de tierras, tanto por razones económicas como de integración en el medio ambiente”, ha señalado Jarabo. En resumen, todas estas actuaciones conllevan determinada alteración del territorio como movimiento de tierras derivado de las excavaciones, nivelaciones, desmontes o terraplenes.
Entre otros efectos que ha mencionado están el incremento del nivel acústico, el uso del suelo de las instalaciones de energía eólica o el impacto de los aerogeneradores en la vida salvaje, sobre todo sobre la avifauna y los murciélagos.
En este sentido, la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 21/2013 establece el procedimiento de evaluación de los proyectos de parque eólico y recoge en su Anexo VI el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), cuyo contenido consta de la descripción del proyecto y sus acciones, del examen de las distintas alternativas que se pueden plantear, de un inventario ambiental (descripción de las características y valores ambientales del ámbito del proyecto), de la identificación y valoración de impactos, del establecimiento de medidas preventivas, correctoras e incluso compensatorias, y del programa de vigilancia, ha enumerado Jarabo.
Fotografías: Esteban Cobo | UIMP 2018
