Germán Fernández Farreres explica la evolución jurídica en el proceso de descentralización territorial

Santander.- El seminario, que ahonda en los 40 años de Derecho Administrativo postconstitucional, ha acogido en su segunda jornada en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP ) la intervención de Germán Fernández Farreres, exletrado del Tribunal Constitucional, quien ha desgranado en su ponencia titulada La descentralización territorial los entresijos jurídicos y las tendencias políticas que han derivado en la situación actual.

Fernández ha repasado los momentos de la historia reciente que explican la “permanente tensión entre uniformidad y diversidad de estatutos”. Este experto ha explicado cómo comenzó el conflicto de ordenación regional, así como su evolución y el papel que desempeñaron los juristas en este periodo. Además, ha propuesto una posible hoja de ruta para “gestionar el conflicto existente”. En concreto, el especialista ha hecho mención a las “peculiaridades” de Cataluña y País Vasco.

El jurista ha establecido como inicio de la descentralización territorial el periodo de transición democrática. Según el experto, la prioridad en aquel momento, tanto a nivel político como jurídico, era despejar cualquier resquicio de franquismo. “Se asociaba ‘democracia’ con ‘regionalización’, no había otras opciones políticas ni se ofrecían otras alternativas”, ha expuesto Fernández. Además, ha argumentado que la idea de descentralización territorial “era una exigencia ineludible del proyecto de cambio del Gobierno de Adolfo Suárez”. Incluso a nivel social, era una petición unánime para “superar el estado centralista y poner en funcionamiento el Estado democrático de Derecho”, ha sentenciado.

La asunción de competencias por parte de las autonomías estaba latente en el país. Fernández ha leído en su intervención artículos firmados por figuras de renombre en sectores políticos, académicos y jurídicos, en los que apoyan la necesidad de otorgar competencias a las autonomías. Sin embargo, cuando se aprobó la Constitución, que recoge entre sus artículos las vías, posibles y legales, de creación de autonomías, así como las competencias que están facultados los territorios para gestionar y sus condiciones para hacerlo, ha subrayado los “titubeos y críticas” que el texto recibió, pues, ha afirmado que “según quien interpretase el texto, daba lugar a comunidades de primera categoría y comunidades de segunda”.

En opinión de este experto, “la redacción claramente ambigua de la Constitución es premeditada, fruto de conocimiento y estudio previo”. Para este jurista, el carácter generalizado con que descentraliza los poderes de la Carta Magna, tiene un doble sentido: recoger las tensiones políticas de aquel momento y establecerse como norma temporal, como una herramienta base que “limitase transitoriamente, hasta que todas las comunidades pudiesen disponer de poderes y competencias para llegar a la igualdad y uniformidad territorial”.

Este periodo de desequilibrio de poderes entre comunidades se aviva cuando el Gobierno da pie a la modificación de los estatutos internos. “El objetivo era que las comunidades de segunda pudiesen adquirir todas las competencias”, ha explicado Fernández, de manera que se conformase una igualdad entre autonomías. Sin embargo, dada la “carga asimétrica de poderes”, las ideas de diferenciación entre autonomías sigue existiendo en la realidad.

Dada la idiosincrasia ancestral de las comunidades vasca y catalana, este experto considera que “los intentos de romper el uniformismo y marcar las diferencias entre regiones o nacionalidades” son el punto de inflexión en el conflicto actual. Para Fernández, quien considera que “el jurismo de ahora no es suficiente para dar una respuesta a la tensiones que, de haberse hecho política entonces, ya no existirían”. La situación es cíclica: Cataluña y País Vasco modificarán sus estatutos hasta diferenciarse y, tras las resoluciones del Tribunal Constitucional y transcurran unos años, se repetirá el proceso.

“La hoja de ruta a seguir es una reforma constitucional mínima, en la que encaje legalmente la situación asimétrica de las comunidades diferenciadas, y establecer un sistema”, ha concluido el ponente, quien ha confesado su pesimismo frente a su propia propuesta.

Fotografía: Juan Manuel Serrano | UIMP 2018