Santander.- El abandono del mundo rural supone asumir unos riesgos que pueden dar lugar a una pérdida económica en el medio y largo plazo. “Un problema que nos concierne a todos, incluso a la Unión Europea”, ha advertido Juan Ávila, secretario general Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Una mesa redonda con los asistentes al encuentro Mancomunidades de municipios: servicios y competencias públicas en igualdad para los ciudadanos ha servido para poner en común las experiencias e inquietudes que conciernen y atañen a la gestión de las mancomunidades.
Ante el desconocimiento generalizado sobre el mundo de los pequeños municipios, el representante de la FEMP ha indicado que la población española se reparte de manera desigual entre 8125 municipios de los cuales “el 60% tiene menos de mil habitantes, con un grandísimo problema de despoblación”.
Sobre esta cuestión, Ávila ha insistido en la necesidad de “ponerse manos a la obra y activar políticas públicas que reviertan, en un número importante de municipios, la tendencia a la despoblación”. Aunque, ha recordado, que “el presidente del Gobierno de España y los dirigentes de las Comunidades Autónomas han dicho que la lucha contra la despoblación tiene que convertirse en una política de Estado”, ha incidido en la necesidad de invertir y garantizar, por ejemplo, “unas infraestructuras tecnológicas dignas que eviten una profundización de la brecha tecnológica, y supongan una oportunidad para los negocios desde el entorno rural”.
Por otra parte, Ávila ha considerado fundamental que “los ayuntamientos pequeños y las entidades en las que se organizan, como las mancomunidades, tengan la suficiente financiación y competencias como para poder dar servicios públicos de calidad a los ciudadanos”. En este sentido, la figura de las mancomunidades es “clave” en la organización de las entidades locales para “ser eficientes en la prestación de los mejores servicios con el menor coste a nuestros ciudadanos”, ha comentado.
El futuro de estas entidades, ha informado, depende de una apropiada financiación y una extensión de sus competencias. Es decir, su devenir “pasa por abrirles puertas para que puedan acceder a fondos europeos” y por una reforma de la Constitución Española que amplíe sus competencias, aunque sean compartidas con las Comunidades Autónomas, como las políticas sociales. “Esta es una asignatura pendiente en nuestro país. La Constitución debe ir más allá en la defensa de la autonomía” y, a su juicio, debe incluir el término “autonomía financiera” en lugar de “suficiencia financiera”.
El secretario general de la FEMP ha recordado que un comité de expertos presenta hoy sus conclusiones para la futura reforma de la financiación local al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Una propuesta no vinculante que “muestra el compromiso del Gobierno por avanzar en este sentido”, aunque sea de forma simultánea a la reforma de la financiación autonómica.
Acto inaugural
En la inauguración, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, el rector de la UIMP, César Nombela, la directora general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la FEMP y directora del encuentro, Judit Flórez, y el director general de Administración Local del Gobierno de Cantabria, Pedro García, han destacado el papel de las mancomunidades en el engranaje administrativo estatal, al ser “el municipio la primera instancia de la Administración”, donde se regula “algo esencial: la convivencia”, ha precisado el rector.
Flórez ha descrito el encuentro como foro para estudiar y analizar “uno de los fenómenos más singulares que existe en nuestro Derecho territorial”. A su juicio, mantener vivo el debate en torno a los intereses municipales es algo fundamental, en “una época donde el municipalismo ha sufrido impactos legislativos, financieros y presupuestarios”, ha señalado.
Por su parte, el representante del Gobierno de Cantabria ha refrendado la importancia de esta propuesta de la Administración regional sobre mancomunidades por entenderlas como “una expresión del derecho de asociación voluntaria de los municipios e instrumento de una mayor igualdad en la prestación eficiente de servicios a los ciudadanos, en todos los sentidos y con independencia del lugar de su residencia”.
Asimismo, la alcaldesa ha resaltado la labor de la FEMP como interlocutor con el Gobierno de España para posicionar y defender el municipalismo. En su opinión, al tratarse de unas administraciones más cercanas, los municipios y ayuntamientos, en muchas ocasiones tienen que “asumir competencias que no les corresponden pero que deben resolver” en materia de empleo o políticas sociales, por las exigencias fruto del trato directo con los ciudadanos.
Además, Igual ha señalado que los ayuntamientos deben estar unidos, “al margen de los colores políticos”, y trabajar por los problemas comunes como, por ejemplo, la plusvalía. Y en referencia a la estabilidad presupuestaria, ha insistido en que tienen que ser escuchados por haber cumplido con el techo de gasto. “Nosotros hemos hecho los deberes y contribuimos para que España salga de la crisis”, por lo tanto, se debe atender a sus reivindicaciones acerca de “la financiación local y la plusvalía, que están pendientes de legislar”, ha afirmado.
Fotografía: Esteban Cobo
