Santander.- El secretario general de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), Carlos Sanlorenzo, ha participado en el III Encuentro de Derecho Portuario y Marítimo que ha tenido lugar estos días en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), para abordar el abandono y la remoción de embarcaciones de recreo.
“Se trata de un problema grave en el sector, que debe resolverse de forma inmediata, ágil y directa”, ha asegurado Sanlorenzo, quien además ha explicado algunos de sus inconvenientes: “Genera impactos de facturas, ocupación de amarre y del espacio portuario, peligro ambiental y daño en la imagen del puerto”.
A continuación, el secretario general de la ANEN ha remarcado algunos procesos judiciales que se llevan a cabo en el supuesto de que una embarcación sea declarada como abandonada. En primer lugar, se ha referido a los procesos monitorios: “Pese a ser económico, no existen medidas cautelares y si hay oposición, puede ralentizar el procedimiento, por lo que no lo recomendamos”. Por otro lado, ha afirmado que los procesos declarativos “conllevan medidas cautelares como el embargo o el traslado de la embarcación a otro lugar”, y en cuanto a los procedimientos de desahucio ha señalado que “pese a ser exótico, ya se están produciendo en algunos lugares”.
Para Sanlorenzo, todos estos medios acarrean problemas prácticos, como la dificultad de localizar al demandado o la depreciación de las embarcaciones que generan los retrasos judiciales, “que pueden llegar hasta el 30%”.
Asimismo, el secretario general de la ANEN ha explicado la oferta legislativa que existe actualmente en España para regular estas prácticas. En el ámbito estatal, ha resaltado que la Ley de Puertos del Estado establece que “corresponde al Estado aquellos buques que queden abandonados en la zona del puerto, quien procederá a notificar a sus dueños”.
En cuanto a la regulación autonómica, ha expuesto los casos de Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana e islas Baleares, donde sus regulaciones coinciden en establecer un proceso que conlleva incubación del expediente, declaración de abandono y subasta o destrucción del buque. Pese a que todos estos sistemas son “homogéneos”, Sanlorenzo ha indicado que en la práctica, no están llevando a cabo estos procedimientos, ni siquiera la promovida por parte del Estado: “Cataluña es la única que ha conseguido llevarlo a cabo con éxito”, ha asegurado.
Debido a estos inconvenientes, Sanlorenzo ha hecho hincapié en seguir una serie de medidas de prevención o minimización de riesgos: “Requerir a los propietarios un emplazamiento en España a efectos de notificaciones, desarrollar el reglamento de policía con el fin de que controle las zonas portuarias, así como exigir diligencia y prevención por parte del club náutico”, ha concluido.
Fotografía: Esteban Cobo
