Santander.- La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ha inaugurado el seminario La interacción entre el blanqueo de capitales y el delito fiscal: una visión práctica y transversal que se celebra esta semana en el Palacio de la Magdalena. En la inauguración han estado presentes el vicerrector de Internacionalización y del Campus de las Llamas de la UIMP, Eduardo Vázquez de Castro, el director del seminario y profesor doctor de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), Daniel Fernández Bermejo, y la segunda teniente alcalde del Ayuntamiento de Santander, Ana González Pescador.
Durante la primera sesión, el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, ha reconocido respecto a la legislación fiscal que “a veces se producen algunos conflictos” entre el procedimiento penal y el administrativo en lo que respecta a los delitos fiscales. Sin embargo, Navarro ha destacado que la jurisprudencia y la Administración irán “solventando” los problemas “sin que haya interferencia” entre ambos procedimientos.
En este sentido, ha remarcado que “toda reforma trata de evitar problemas anteriores”, ya que lo que ocurría, ha explicado, “es que había un trato desigual entre una persona que había cometido un delito y otra que había cometido una infracción administrativa, porque tenían una solución en el tiempo diferente”. Con esta reforma, ha destacado Navarro lo que se ha tratado es “de armonizar esas situaciones”.
En su posterior intervención, el fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Javier Alberto Zaragoza Aguado, ha asegurado que las primeras dificultades surgidas en torno a la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) en la actualidad “se han tornado insuperables”. Así se ha referido a la “causa catalana”, en base a la que ha explicado que “en Bélgica han obstaculizado las OEDE emitidas y en Alemania han entrado a valorar los elementos de fondo del procedimiento penal” y la OEDE “no está pensada para eso”, ha añadido.
Asimismo, Zaragoza ha considerado que en “el camino para entender que hemos llegado al espacio judicial europeo hemos retrocedido muchísimo y esto va a hacer mucho daño de cara al futuro”.
Por otro lado, en relación a una eventual reforma del proceso penal español que otorgue al Ministerio Fiscal la dirección de la instrucción como en otros países, el fiscal del Tribunal Supremo ha subrayado que “es necesario abordar de una vez por todas este cambio”. Aunque ha reconocido la existencia de “recelos” por parte de algunos sectores del Poder Judicial “por la vinculación que tiene en España el fiscal general del Estado con el Ejecutivo”. La solución, ha sugerido, pasa por modificar el modelo de nombramiento del fiscal general del Estado para “darle garantía de independencia” y así “desvincularlo de los gobiernos”.
Crédito UIMP 2018 | Esteban Cobo
