La UIMP reflexiona sobre el proceso penal en España

Santander.- El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Vicente Magro Servet, ha participado en el encuentro Proceso penal: derechos fundamentales e incidencia en otros procedimientos judiciales y administrativos que se está celebrando en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en colaboración con la Asociación de Abogados del Estado, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales, así como con el patrocinio de Santander Justicia.

El magistrado ha abordado durante su intervención La corrupción en el proceso penal. En este sentido, Magro ha cuestionado por qué en el Código Penal existe un delito de corrupción en los negocios y, sin embargo, no hay un título sobre ‘Corrupción pública’. Y es que, “la corrupción como tal no se nombra en el Código Penal” porque no hay un delito específico de corrupción, sino que bajo esa definición, el texto legal encaja los delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad de custodia de documentos y violación de secretos, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales.

“Si quisiéramos avanzar desde el punto de vista legislativo podríamos ordenar todos los tipos penales dentro de un título especifico de corrupción pública, para llamarla como tal”, en opinión del magistrado, “si tienes un problema lo que tienes que hacer es llamarlo por su nombre”, ha apuntado.

Asimismo, el magistrado ha planteado dos cuestiones relevantes en el ámbito del proceso penal. Por un lado, ha abogado por excluir de la competencia del Tribunal del Jurado los delitos de corrupción, ya que, a su juicio, “es muy complicado escribir un objeto del veredicto dirigido a unas personas que no son técnicas en derecho y que desconocen absolutamente los elementos del tipo”.

Y por otro, ha invitado a reflexionar sobre las macrocausas “porque uno de los grandes problemas que tenemos en los casos de corrupción son los tiempos del proceso”, ya que supone que “empiecen con una circunstancia atenuante, simple o muy cualificada, por dilaciones indebidas que puede suponer la rebaja de la pena en uno dos grados”. Además, ha afirmado, estos retrasos en la tramitación de los procesos “provocan el rechazo en la ciudadanía” y “deterioran la imagen de la Justicia”.

Acto de inauguración

En el acto de inauguración han estado presentes la abogada del Estado y directora del encuentro, María José Ruiz Sánchez, el secretario general de la UIMP, Miguel Ángel Casermeiro, el responsable de Santander Justicia, Gregorio García, el presidente honorario de la Asociación Profesional de la Magistratura, Jesús Chamorro, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, y el presidente de la Asociación de Abogados del Estado, Fernando Bertrán.

Chamorro ha remarcado que este curso surge en un “un momento crucial” porque en el último año “la sociedad ha sido consciente de que vivimos en un Estado de derecho y de que realmente el derecho es un instrumento de convivencia”. Así, ha añadido que como profesionales de la Justicia “hemos demostrado a la sociedad nuestro compromiso, nuestra imparcialidad y que somos los garantes de los derechos de los ciudadanos”.

En este sentido, Dexeus ha puesto de manifiesto la necesidad de que las tres asociaciones participantes en el encuentro colaboren para mejorar la Administración de Justicia, “siempre desde el estudio reflexivo, serio, sosegado y riguroso”. En concreto, ha apuntado, “para la defensa de la legalidad, de la Constitución y del Estado de derecho”.

Por su parte, el responsable de Santander Justicia ha recordado que la entidad lleva 15 años “al servicio de la Administración de Justicia gestionando las cuentas de consignación”, por lo que ha subrayado el “compromiso” del banco en esta tarea. “En España podemos mejorar muchas cosas, pero podemos presumir de tener una gestión económica en asuntos judiciales que es líder a nivel mundial”, ha añadido. En último lugar, Bertrán ha mostrado su deseo de que el encuentro sea “como mínimo igual o mejor que el anterior”, porque el proceso penal y la tutela de derechos fundamentales se han vuelto un “tema clave”.

 

Fotografía: Juan Manuel Serrano | UIMP 2018