Santander, 21 de julio de 2023-. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene por cometido, desde su sede en Luxemburgo, garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y en la aplicación de los Tratados de la UE. Martín Martínez Navarro es uno de los juristas españoles que trabajan como letrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La semana pasada hablamos con él aprovechando su presencia en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), para codirigir la IV Edición del curso ‘El Tribunal de Justicia de la UE como garante de una Unión de Derecho’.
El encuentro ha tenido por objetivo aproximar al jurista español a la práctica que acontece cotidianamente ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal General de la Unión Europea. “Es necesario para el académico, especialista de cualquier rama, para los funcionarios públicos y los agentes de la autoridad de los Gobiernos nacionales, regionales e incluso locales” nos remarca Martínez.
El Estado de Derecho
En una de las mesas redondas se trató, específicamente, el papel del Tribunal en la protección del Estado de Derecho. “Algunos estados miembros han entrado en una triste deriva autocrática. Hemos constatado que los mecanismos tradicionales, como la retirada de sus derechos en el Consejo, sus derechos de voto, son insuficientes. También, se ha constatado que los procedimientos de infracción, introducidos por la Comisión Europea, también son insuficientes cuando existe una voluntad de no adecuarse a esos estándares europeos”, advierte Martínez. Por ello, la UE ha debido de dotarse de algunos instrumentos novedosos, algunos de soft law y otros de naturaleza económica, “y en este marco el tribunal de justicia juega un papel central como árbitro de la aplicación de los mecanismos tradicionales y también como árbitro en la legalidad y en la adopción de los nuevos” concreta el jurista.
Guerra de Ucrania
En particular, en el caso de Rusia, la Unión Europea ha adoptado 11 paquetes de sanciones, que persiguen aumentar la presión para que cambie su comportamiento. En estos paquetes existen medidas de naturaleza sancionadora hacia personas individuales, oligarcas, y, también, de naturaleza más general, que persiguen dificultar el desarrollo normal de las relaciones comerciales económicas de Rusia. “Lamentablemente si un Estado está dispuesto a pagar el precio de su incumplimiento, no hay mucho más que hacer. La Unión Europea no dispone de una policía, de un ejército, entonces no tiene poder coercitivo”, añade Martín Martínez, quien recalcó que el papel del tribunal europeo, en este caso es “enjuiciar los recursos introducidos por las personas afectadas, que pueden estar en desacuerdo con las medidas adoptadas. El Tribunal vela porque estas personas o empresas vean sus derechos fundamentales respetados”.
Cataluña
El Tribunal de Justicia Europeo se ha visto abocado a pronunciarse, de diversas maneras, en relación a la política independentista catalana. “Esencialmente son tres piezas principales: la primera, es una sentencia prejudicial en la cual el tribunal explica cuando se adquiere la condición de eurodiputado, relacionada con el señor Junqueras, que cuando adquirió la condición de diputado estaba imputado y en prisión provisional. Y el Tribunal clarificó que la condición de diputado se adquiere desde el momento de la elección por parte del pueblo, sin necesidad de requisitos adicionales”, explica el director del curso.
La segunda pieza es otra cuestión prejudicial, relacionada con la orden de detención y entrega de algunos políticos catalanes que se encontraban en otros países de la Unión Europea. “Las autoridades belgas habían rechazado ejecutar esa orden de detención y entrega por distintos motivos. Y el Tribunal ha explicado, en una sentencia reciente, el asunto Puig Gordi, pero que afecta también a otros políticos catalanes en una situación similar como Puigdemont y otros, que en base al principio de reconocimiento de confianza mutua, las autoridades belgas tienen la obligación de reconocer el respeto pleno de los derechos fundamentales de los procesados en otro estado miembro de la Unión Europea”, en este caso España, argumenta el letrado.
La tercera y última pieza, tiene que ver con la retirada de la condición de eurodiputado, por parte del Parlamento Europeo en relación con el señor Puigdemont. “El Tribunal muy recientemente ha confirmado la legalidad de esa retirada de la inmunidad parlamentaria y, por tanto, es de esperar que las autoridades belgas apliquen la sentencia Puig Gordi, al caso del señor Puigdemont, en virtud de la orden de detención europea emitida por las autoridades judiciales españolas. Puigdemont ha anunciado que va a introducir un recurso de casación al tribunal de justicia, es la última vía procesal que le queda”, sentencia Martínez, quien añade que “la media de los plazos de resolución de los recursos de los litigios ante el tribunal de justicia es de un año y medio, así que en ese plazo debería haber un pronunciamiento definitivo”.
Prestige
En una sentencia reciente sobre la crisis medioambiental del Prestige el Tribunal de Justicia Europeo ha ayudado al Estado español. “La empresa aseguradora había iniciado un procedimiento arbitral en el Reino Unido para oponerse a la ejecución de las decisiones judiciales españolas que condenaban a esta empresa a respetar su contrato y asumir el coste de los daños”, asegura Martín Martínez. El Tribunal ha rechazado estas pretensiones, confirmando que los tribunales españoles tienen plena jurisdicción y competencia para ocuparse de ese litigio “y, por tanto, para asegurarse de manera efectiva de que la empresa cumple con su obligación y repara los daños medioambientales” finaliza el jurista.
