Santander, 14 de julio de 2021- Sin impacto legal por el momento y formulada como una declaración de intenciones, el Gobierno de España ha presentado hoy el contenido de la Carta de Derechos Digitales, un documento inédito en el marco jurídico europeo que busca adaptar los derechos básicos consagrados en la Constitución a los entornos digitales para “no dejar a nadie atrás”.
La presentación ha coincidido con la clausura del curso La Protección de los Derechos en la Sociedad Digital: garantías para tiempos de crisis, parte de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde se ha analizado la necesidad de adaptar los ordenamientos jurídicos a las nuevas dinámicas de la sociedad digital.
Susana de la Sierra, directora del curso, ha participado en el grupo de expertos consultados para elaborar la Carta de Derechos Digitales. Durante su ponencia en el encuentro académico, ha señalado que con la digitalización “se corre el riesgo de que se abra una brecha entre personas o colectivos” y ha apuntado que el texto tiene como objetivo “no dejar a nadie atrás en la transformación digital”.
La Carta de Derechos Digitales, ahonda también en estas problemáticas, siendo el primer texto de este calado que se presenta a nivel europeo. Según apunta el resumen ejecutivo del texto trata de “sugerir principios y políticas”, para “proponer un marco de referencia para la acción de los poderes públicos”.
Durante su intervención en el acto de presentación de la Carta, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno ha destacado la necesidad de “digitalizar el país”, un proceso que “conlleva unos riesgos” que deben de mitigarse. “Se trata de reconocer y ampliar los derechos de la ciudadanía”, ha asegurado Sánchez.
“Hay que garantizar el carácter humano en la transición tecnológica”, ha destacado.
El comité de expertos, según ha explicado De la Sierra, se ha configurado bajo un proceso “muy participativo” con dos consultas públicas y ha sido formado por juristas, académicos o miembros de asociaciones vinculadas a la sociedad digital.
La responsabilidad penal de un algoritmo o la capacidad para expulsar a un político de las redes sociales y cómo asegurar la libertad de expresión en el entorno digital son algunas de las temáticas que la Carta toca. De este modo, no constituye nuevos derechos sino que adapta los existentes a la realidad digital actual y de futuro. “Nos referimos a la libertad de información, no discriminación, esto son derechos clásicos pero con nuevos matices”, ha señalado la experta.
Por otro lado, De la Sierra ha apuntado que también se desarrollan disposiciones prospectivas, ya que “se anticipan futuros escenarios que pueden ya predecirse”. Estos serían derechos que todavía no se han formulado porque todavía no existen. “Pensemos en las tecnologías que tienen capacidad para inhibir emociones”, ha explicado la experta, quien ha considerado que la Carta, “identifica los debates y senda a seguir” en el futuro.
El contenido de la Carta
La Carta consta de seis ejes de derechos en 28 apartados, que se conforman en derechos de libertad; de igualdad; de participación; laborales; derechos digitales en entornos específicos y garantías y eficacia.
De este modo, De la Sierra ha apuntado que el punto de partida es “asegurar la dignidad de la persona”, un proceso que se conoce como digitalización humanista, un elemento en el que según ha señalado “es pionero” en Europa.
De la Sierra ha destacado el derecho a “ser quien quiera uno ser” en la red, en relación a la creación de perfiles en diferentes plataformas, así como el derecho al pseudonimato. “No se ha reconocido el derecho al anonimato en la red, porque si se comete un delito, tiene que responder alguien”, ha advertido.
En el apartado de derechos de igualdad, se incluye perspectiva de género y se ahonda principalmente en la protección de derechos de los menores en el entorno digital y se afirma un compromiso para elaborar políticas públicas “que velen por la no discriminación por edad, territorio, género o discapacidad”.
Además, la experta ha destacado el derecho a la alternativa analógica. “Se consagra el derecho en que en los entornos digitales siempre haya una alternativa analógica, ya que el acceso a la digitalización no es igual en todos lados”, destacando que así “no se deja a nadie atrás”.
Ante la posibilidad de que se formulen juzgados específicos para la resolución de litigios digitales, la experta ha considerado que “es difícil” y se ha mostrado en contra, aunque ha apuntado la necesidad de “que se genere una mayor especialización de los órganos judiciales” en temas digitales.
